CAPÍTULO XIX V

Lunes, Septiembre 22nd, 2008 | General

La reacción inmediata de los comentaristas occidentales ante el hundimiento del sistema soviético fue que ratificaba el triunfo permanente del capitalismo y de la democracia liberal, dos conceptos que los observadores estadounidenses menos refinados acostumbran a confundir. Aunque a fines del siglo XX corto no podía decirse que el capitalismo estuviera en su mejor momento, el comunismo al estilo soviético estaba definitivamente muerto y con muy pocas probabilidades de revivir. Por otra parte, a principios de los noventa ningún observador serio podía sentirse tan optimista respecto de la democracia liberal como del capitalismo. Lo máximo que podía predecirse con alguna confianza (exceptuando tal vez los regímenes fundamentalistas más inspirados por la divinidad) era que prácticamente todos los estados continuarían declarando su profundo compromiso con la democracia, organizando algún tipo de elecciones, manifestando cierta tolerancia hacia la oposición nacional y dando un matiz de significado propio a este término. (7)

La característica más destacada de la situación política de los estados era la inestabilidad. En la mayoría de ellos las posibilidades de supervivencia del régimen existente en los próximos diez o quince años no eran, según los cálculos más optimistas, demasiado buenas. E incluso en países con sistemas de gobierno relativamente estables —como Canadá o Bélgica— su existencia como estados unificados podía ser insegura en el futuro, como lo era la naturaleza de los regímenes que pudieran suceder a los actuales. En definitiva, la política no es un buen campo para la futurología.

Sin embargo, algunas características del panorama político global permanecieron inalterables. Como ya hemos señalado, la primera de estas características era el debilitamiento del estado-nación, la institución política central desde la era de las revoluciones, tanto en virtud de su monopolio del poder público y de la ley, como porque constituía el campo de acción política más adecuado para muchos fines. El estado-nación fue erosionado en dos sentidos, desde arriba y desde abajo. Por una parte, perdió poder y atributos al transferirlos a diversas entidades supranacionales, y también los perdió, absolutamente, en la medida en que la desintegración de grandes estados e imperios produjo una multiplicidad de pequeños estados, demasiado débiles para defenderse en una era de anarquía internacional. También, como hemos visto, estaba perdiendo el monopolio de la fuerza y de sus privilegios históricos dentro del marco de sus fronteras, como lo muestran el auge de los servicios de seguridad y protección privados y el de las empresas privadas de mensajería que compiten con los servicios postales del país, que hasta el momento eran controlados en todas partes por un ministerio.

Estos cambios no hicieron al estado innecesario ni ineficaz. En algunos aspectos su capacidad de supervisar y controlar los asuntos de sus ciudadanos se vio reforzada por la tecnología, ya que prácticamente todas las transacciones financieras y administrativas (exceptuando los pequeños pagos al contado) quedaban registradas en la memoria de algún ordenador; y todas las comunicaciones (excepto las conversaciones cara a cara en un espacio abierto) podían ser intervenidas y grabadas. Sin embargo, su situación había cambiado. Desde el siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XX, el estado-nación había extendido su alcance, sus poderes y funciones casi ininterrumpidamente. Este era un aspecto esencial de la “modernización”. Tanto si los gobiernos eran liberales, como conservadores, socialdemócratas, fascistas o comunistas, en el momento de su apogeo, los parámetros de las vidas de los ciudadanos en los estados “modernos” estaban casi exclusivamente determinados (excepto en las épocas de conflictos interestatales) por las acciones o inacciones de este estado. Incluso el impacto de fuerzas globales, como los booms o las depresiones de la economía mundial, llegaban al ciudadano filtradas por la política y las instituciones de su estado. (8) A finales de siglo el estado-nación estaba a la defensiva contra una economía mundial que no podía controlar; contra las instituciones que construyó para remediar su propia debilidad internacional, como la Unión Europea; contra su aparente incapacidad financiera para mantener los servicios a sus ciudadanos que había puesto en marcha confiadamente algunas décadas atrás; contra su incapacidad real para mantener la que, según su propio criterio, era su función principal: la conservación de la ley y el orden públicos. El propio hecho de que, durante la época de su apogeo, el estado asumiese y centralizase tantas funciones, y se fijase unas metas tan ambiciosas en materia de control y orden público, hacía su incapacidad para sostenerlas doblemente dolorosa.

Y sin embargo el estado, o cualquier otra forma de autoridad pública que representase el interés público, resultaba ahora más indispensable que nunca, si habían de remediarse las injusticias sociales y ambientales causadas por la economía de mercado, o incluso —como mostró la reforma del capitalismo en los años cuarenta— si el sistema económico tenía que operar a plena satisfacción. Si el estado no realiza cierta asignación y redistribución de la renta nacional, ¿qué sucederá, por ejemplo, con las poblaciones de los viejos países industrializados, cuya economía se fundamenta en una base relativamente menguante de asalariados, atrapada entre el creciente número de personas marginadas por la economía de alta tecnología, y el creciente porcentaje de viejos sin ningún ingreso? Era absurdo argumentar que los ciudadanos de la Comunidad Europea, cuya renta nacional per cápita conjunta había aumentado un 80 por 100 de 1970 a 1990, no podían “permitirse” en los años noventa el nivel de rentas y de bienestar que se daba por supuesto en 1970 (World Tables, 1991, pp. 8-9). Pero éstos no podían existir sin el estado. Supongamos —sin que este sea un ejemplo fantástico— que persisten las actuales tendencias, y que se llega a unas economías en que un cuarto de la población tiene un trabajo remunerado y los tres cuartos restantes no, pero que al cabo de veinte años esta economía produce una renta nacional per cápita dos veces mayor que antes. ¿Quién, de no ser la autoridad pública, podría y querría asegurar un mínimo de renta y de bienestar para todo el mundo, contrarrestando la tendencia hacia la desigualdad tan visible en las décadas de crisis? A juzgar por la experiencia de los años setenta y ochenta, ese alguien no sería el mercado. Si estas décadas demostraron algo, fue que el principal problema del mundo, y por supuesto del mundo desarrollado, no era cómo multiplicar la riqueza de las naciones, sino cómo distribuirla en beneficio de sus habitantes. Esto fue así incluso en los países pobres “en desarrollo” que necesitaban un mayor crecimiento económico. En Brasil, un monumento de desidia social, el PNB per cápita de 1939 era casi dos veces y medio superior al de Sri Lanka, y más de seis veces mayor a fines de los ochenta. En Sri Lanka, país que hasta fines de los setenta subvencionó los alimentos y proporcionó educación y asistencia sanitaria gratuita, el recién nacido medio tenía una esperanza de vida varios años mayor que la de un recién nacido brasileño, y la tasa de mortalidad infantil era la mitad de la tasa brasileña en 1969, un tercio de ella en 1989 (World Tables, 1991, pp. 144-147 y 524-527). En 1989 el porcentaje de analfabetismo era casi dos veces superior en Brasil que en la isla asiática.

La distribución social y no el crecimiento es lo que dominará las políticas del nuevo milenio. Para detener la inminente crisis ecológica es imprescindible que el mercado no se ocupe de asignar los recursos o, al menos, que se limiten tajantemente las asignaciones del mercado. De una manera o de otra, el destino de la humanidad en el nuevo milenio dependerá de la restauración de las autoridades públicas.

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